La próxima semana se llevará a cabo la votación para reformar el artículo 19 de la Constitución, el cual define los casos en los que se aplicará la prisión preventiva oficiosa. De aprobarse, esta reforma implicará que aquellos involucrados en delitos como defraudación fiscal, contrabando y compraventa de comprobantes fiscales enfrenten sus procesos legales privados de su libertad.
Esta medida, ¿podría interpretarse como una estrategia para infundir temor y así garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales?
O bien, considerando el contexto actual en el que la Presidenta Sheinbaum ha expresado su intención de reducir el déficit fiscal para 2025 —es decir, cuando los ingresos del gobierno aún no logran cubrir sus gastos—, ¿es esta reforma un intento por aumentar la presión sobre los contribuyentes registrados ante el SAT?
Si es así, esta iniciativa podría percibirse como un acto de injusticia y trato desigual. Se castiga con prisión a quienes incumplen con el pago de impuestos, mientras que aquellos que operan en el comercio informal durante décadas —representando más del 50% de la economía— no enfrentan medidas para regularizar sus contribuciones fiscales.