Un buen gobierno se caracteriza por la transparencia que ejerce, ya que constituye un elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas, además de ser una herramienta que conduce al derecho de acceso a la información. Esto permite la legitimación de una administración pública que se compromete con la ciudadanía respecto a la recuperación y conservación de la confianza. No obstante, si no existe transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, se origina opacidad, aspecto que exige fortalecer la gestión gubernamental a través de modernizar la administración pública y promover la participación de la sociedad.
Es importante especificar que la transparencia se entiende como la exposición de la información fiscal a disposición del público por parte de los gobiernos locales. En este sentido, un ciudadano puede conocer cómo se desarrollan las funciones dentro de la administración pública para posteriormente generar una evaluación y, por tanto, desarrollar un criterio que le permita tomar decisiones de manera informada. El concepto de transparencia fiscal ha sido ampliamente abordado por los gobiernos locales, formando parte de las agendas públicas de los municipios y estados de México. Esto concuerda con una política de actuar con austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos, sobre todo para evitar su mal uso, la ineficiencia en su operación y los abusos por parte de los funcionarios públicos.
Ante este escenario, es fundamental comprender cómo se mide la transparencia fiscal. El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) se constituye como el instrumento que evalúa la disponibilidad y la calidad de la información financiera y fiscal de las entidades federativas. El último índice se publicó en 2023 y tuvo el objetivo de continuar con la evaluación de los portales oficiales de los Gobiernos Estatales. Primero, se verifica que se publique información útil para la consulta, a través de documentos de respaldo y archivos que cumplan con las características de datos abiertos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Las variables se fundamentan en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el acatamiento a la Ley General de Transparencia, con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Igualmente, se evalúa a los ayuntamientos con estándares de calidad sólidos, que presenten información fiscal y financiera de forma ordenada y legible, publicada en formatos reutilizables como PDF, Excel y Word. Hasta el momento de la publicación de este artículo, los ayuntamientos más transparentes en información fiscal son Puebla, Veracruz, Guadalajara, Corregidora y Querétaro. En la tabla se puede visualizar su posición y los puntos alcanzados.
En el caso de Puebla, el índice indica que el Ayuntamiento de Puebla conserva el primer lugar después de nueve años, lo cual es consecuencia de contar con información organizada, priorizar los datos abiertos y ofrecer la oportunidad de consulta de información histórica, ya que existe disponibilidad de informes financieros desde 2008. En su portal, se mantienen archivos de al menos dos administraciones anteriores, como son los informes de gobierno anuales. También destaca que existe un esfuerzo por mejorar y proponer la transparencia proactiva; es decir, permiten que la ciudadanía conozca cuáles son los medios y navegadores más convenientes para la consulta de información.
Otro punto fundamental en la transparencia fiscal es la presentación de los salarios en los cabildos. La información responde al nivel de disponibilidad que señala la Ley General de Transparencia en la revisión de los montos bruto y neto. Además, el indicador verifica la presentación de las compensaciones, como los montos adicionales al salario base, entre los que se encuentran los estímulos, compensaciones especiales, bonos, prima vacacional y aguinaldo.
**Importancia de la transparencia fiscal**
Desfrancois (2023), en su artículo “Determinantes de la fiscal en América Latina”, indica que a mayor transparencia fiscal se mejora el funcionamiento del sector público y, por tanto, se fomenta una mayor rendición de cuentas y combate a la corrupción. La divulgación del desarrollo y creación del presupuesto es uno de los factores que determinan el entendimiento entre ciudadanía, estabilidad y gobierno. Como requisito para luchar contra la corrupción, es indispensable contar con información objetiva y confiable sobre el estado de formación y uso de los fondos presupuestarios de tipo local y estatal, además de la transparencia en las decisiones de las autoridades.
El Fondo Monetario Internacional establece que una mayor transparencia reduce la corrupción al brindar una mejor gestión y contexto para el crecimiento económico, eficiencia y desarrollo. Por esta razón, el organismo indica que las finanzas públicas y la rendición de cuentas constituyen los requisitos más esenciales para una estabilidad macroeconómica y fiscal, mejores calificaciones crediticias y mayor disciplina fiscal; es decir, una reducción en la deuda pública y déficits. Con esto se configuran los factores para generar tasas más altas de crecimiento económico.
La falta de transparencia fiscal conlleva desequilibrios fiscales, opacidad en el manejo de los recursos públicos y carencia de confianza en las políticas económicas, aspectos que pueden impactar negativamente la estabilidad macroeconómica. Los países con mayor transparencia suelen tener mejores calificaciones crediticias, mejor disciplina fiscal y menor corrupción. En Latinoamérica, existe una correlación entre la reducción del endeudamiento y la transparencia, que crea confianza y credibilidad en los mercados financieros, inversionistas y ciudadanos.
Esto permite mayor supervisión del gasto público, lo que facilita la disciplina fiscal; evita desequilibrios financieros y promueve una mayor eficiencia en el uso de los recursos. De hecho, cuando la transparencia es alta, se minimizan los costos de transacción y se fomenta una competencia justa, lo cual atrae más inversión y estimula el crecimiento económico. Fortalecer la confianza de los ciudadanos es el reto que enfrentan todos los gobernantes, al tiempo que deben cumplir las expectativas en un marco de legalidad y transparencia.
La responsabilidad de iniciar una nueva administración conlleva grandes preguntas: ¿Cuál es el primer paso para lograrlo? ¿Se cuenta con la infraestructura adecuada? ¿Se identifican las obligaciones a cumplir? ¿Cómo proyectar de forma positiva lo que un gobierno busca alcanzar? Ante este panorama de cambio y transformación, en ARH Consultores hemos desarrollado un plan exclusivo para los municipios. Nuestro principal objetivo es guiar a los funcionarios públicos, brindarles la certeza de sus acciones y generar resultados que permitan conformar un Municipio de Alto Desempeño® a través del ABC de la Administración Pública Municipal.
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